GOBERNANZA

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1. Retomar la autoridad del Consejo de Salubridad General, conferida originalmente en el artículo 73 de la Constitución mexicana. Se debe restituir en su seno a las universidades, academias y organismos de la sociedad civil que fueron sustituidos durante la pandemia por mandos militares.

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2. Reactivar de inmediato al Consejo Nacional de Salud, que reúne a todos los secretarios estatales de Salud del país, como un órgano colegiado de toma de decisiones. Se deben establecer comités especiales para cada dimensión de la respuesta pandémica y promover acciones coordinadas entre los niveles de gobierno. Es necesario celebrar sesiones formales y frecuentes entre las autoridades nacionales de salud y los gobiernos estatales, que sirvan como dispositivos de coordinación.

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3. Recuperar la autonomía de Cofepris, que debe contar con personal altamente capacitado, competente, comprometido y honesto. Fortalecer su autonomía técnica, presupuestal y de gestión de órganos sanitarios especializados.

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4. Recuperar la credibilidad y el liderazgo científico y ético de Conahcyt, que debe reclutar funcionarios competentes y probos, con reconocimiento de la comunidad científica.

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5. Instar al Poder Legislativo a proponer mecanismos de evaluación del desempeño gubernamental durante emergencias sanitarias.

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GESTIÓN, VIGILANCIA, COMUNICACIÓN

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1. Revisar los planes, marcos y protocolos de actuación en emergencias sanitarias y de otro tipo, de modo que la estructura de toma de decisiones garantice el funcionamiento y supremacía de órganos colegiados, así como la activación de mecanismos de coordinación y concertación tanto al interior el Estado como entre el Estado y el sector social y privado. Los procedimientos y regulaciones de estos órganos deberán incorporar la revaluación constante de las medidas adoptadas en emergencias y la adaptación de las mismas a información emergente y evidencia científica.

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2. Establecer como obligación de las autoridades sanitarias nacionales la activación de protocolos de emergencia y la instalación de órganos colegiados en sesión permanente en forma inmediata cuando las autoridades sanitarias internacionales emitan alertas y declaratorias de emergencia.

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3. Establecer protocolos de comunicación durante emergencias que protejan la difusión de información a la población sobre riesgos existentes de la interferencia política discrecional y los errores y sesgos de funcionarios individuales. Para ello, la comunicación sanitaria deberá emerger de los órganos colegiados antes mencionados y estar informada por las recomendaciones de comisiones especiales de integración plural y adecuada representación de distintos sectores, incluyendo la comunidad científica.

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4. Activar instancias independientes de evaluación de la respuesta pública durante emergencias, con acceso a información oportuna y capacidad de emitir recomendaciones en tiempo real.

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5. Revisar los procedimientos de supervisión legislativa de los poderes ejecutivos en casos de emergencias para fortalecer el monitoreo y la rendición de cuentas.

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6. Establecer un sistema nacional de atención de emergencias debidamente financiado, que involucre a autoridades de todos los niveles de gobierno y establezca protocolos de para la detección temprana y la organización de la respuesta del Estado frente a eventos sanitarios,ambientales, químicos y de otra naturaleza que amenacen la salud y el bienestar de la población.

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7. Restablecer y fortalecer fondos especiales para la respuesta del Estado en emergencias, que sean transparentes y no estén sujetos a la utilización discrecional, como una prioridad de seguridad nacional. Mejorar la gobernanza del Fonsabi y de otros fideicomisos: se debe restringir el uso del Fonsabi para cuestiones ajenas al tratamiento de enfermedades catastróficas o el desarrollo de infraestructura. Mejorar los mecanismos para que el Fonsabi financie enfermedades de alto costo. Publicar un catálogo preciso de las enfermedades a tratar que dé certidumbre a los pacientes sobre los derechos que pueden exigir. Mejorar el reporte de información del Fonsabi en la Cuenta Pública.

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8. Fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica locales y la red de detección e investigación de posibles enfermedades emergentes para reducir los sesgos regionales exhibidos durante la epidemia de COVID-19.

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9. Revertir la trayectoria de deterioro en los recursos disponibles para los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios y revisar los protocolos de integración con laboratorios privados para reforzar las capacidades de monitoreo, detección y diagnóstico de enfermedades infecciosas.

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10. Fortalecer las capacidades de investigación e innovación biotecnológica y producción de vacunas en el país, bajo marcos regulatorios sólidos y esquemas de colaboración público-privado.

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11. Invertir en el mejoramiento de los sistemas de información en funciones nucleares del Estado, aprovechando los avances tecnológicos. Entre las áreas con importantes oportunidades de mejora se incluye el registro oportuno de defunciones y el reporte temprano de casos de enfermedades sujetas a la vigilancia epidemiológica por parte de las unidades médicas de todo el país.

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SISTEMA DE SALUD Y PERSONAL SANITARIO

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1. Acordar e implementar un plan nacional transexenal para la multiplicación de la inversión pública en el sector salud, centrado en la garantía del derecho constitucional a la protección de la salud para todas las personas,independientemente de su condición social y su afiliación o derechohabiencia a distintos subsistemas.

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2. Reconstruir las capacidades técnicas y administrativas del Estado en la implementación de campañas de vacunación, así como en la adquisición y distribución de insumos y medicamentos en el sistema nacional de salud.

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3. Reconstruir y fortalecer el primer nivel de atención en los sistemas públicos de salud y establecer protocolos para que éstos mantengan operatividad en situaciones de emergencia. Adicionalmente, es necesario fortalecer el marco regulatorio de los servicios privados de atención primaria para su operación consistente y en armonía con los sistemas públicos.

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4. Diseñar e implementar un plan de mejoramiento de la cobertura territorial del sistema nacional de salud. Además de la construcción de infraestructura,esto implica otorgar condiciones laborales e incentivos al personal sanitario para desplegar sus funciones en todas las regiones.

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5. Establecer un plan de mejoramiento de las condiciones laborales del personal de salud que ha sido contratado en condiciones precarias.

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6. Mantener una reserva nacional estratégica de insumos y equipo médico de alta calidad.

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7. Avanzar hacia la transversalidad del sistema de salud y, en el corto plazo,fortalecer los convenios entre subsistemas de atención para mitigar los problemas asociados a la segmentación.

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8. Realizar una revisión integral de los protocolos de control de infecciones en todas las instalaciones de atención médica, además de financiar mecanismos que garanticen una implementación eficaz y estandarizada.

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9. Adoptar una estrategia nacional de diagnóstico y atención de enfermedades de salud mental entre la población en general. En particular, debe atenderse a os trabajadores de la salud, facilitando el acceso a servicios psicológicos para prevenir el agotamiento, el estrés postraumático y otras secuelas.

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10. Fortalecer los programas de formación y capacitación continua del personal de salud en áreas críticas, como terapia intensiva, manejo de ventiladores y protocolos de atención a pacientes graves. Acompañado de inversiones en infraestructura y ampliación de recursos humanos en especialidades en las que actualmente existe un déficit.

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11. Capacitar personal de salud en número y calidad suficiente en manejo de Unidades de Cuidados Intensivos, al tiempo que se aumentan el número de camas disponibles.

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12. Desarrollar un sistema robusto para la rápida difusión de guías clínicas actualizadas, evidencia científica y políticas de actuación entre el personal de salud en todas las regiones, subsistemas y niveles de atención. Esto debería involucrar a las asociaciones y academias nacionales, además de capitalizarlas oportunidades que ofrece el desarrollo de tecnologías de la información.

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13. Adoptar un plan integral nacional de prevención y manejo de enfermedades crónicas, que involucre a las distintas secretarías del gobierno federal y los distintos niveles de gobierno. Los programas y medidas que se desprendan de dicho plan deberán estar sujetos a evaluación constante por instancias profesionales.

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14. Poner en marcha procesos internos de revisión del desempeño y de los problemas que se presentaron durante la pandemia de covid-19 en cada uno delos subsistemas que integran el sistema nacional de salud. Estos procesos deben ocurrir en forma transparente, de cara a la sociedad, y movilizar el conocimiento, la experiencia y la asesoría plural de la comunidad científica y médica de una manera como no ocurrió en la emergencia.

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IMPACTOS SOCIALES

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1. Diseñar e implementar una política nacional enfocada en apoyar y proteger el bienestar y los derechos de menores huérfanos y sus familias. Una iniciativa de esta naturaleza debe fundarse en evidencia, contar con presupuesto suficiente, involucrar a distintas instituciones del Estado y niveles de gobierno y contemplar, al menos, los siguientes aspectos, con ajustes necesarios para menores de distintos grupos de edad, sexo y condición socioeconómica: el acompañamiento psicológico y medidas de atención de la salud física y mental;la asistencia económica; y medidas para evitar la deserción escolar y apoyar el aprendizaje.

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2. Establecer un plan nacional de recuperación y alargamiento de la esperanza de vida, que involucre a las distintas instituciones del Estado. Este plan deberá tener como eje rector la prevención de la muerte prematura por distintas causas.

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3. Reconstruir las capacidades de atención y protección públicas en salud de la población más vulnerable, ante la profundización de la carencia en los últimos años. Legislar la activación de programas económicos y sociales de apoyo a sectores vulnerables durante emergencias.

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4. México necesita con urgencia una política de recuperación de su matrícula para regresar, al menos, al nivel de inclusión previo a la pandemia. Al mismo tiempo debe poner en marcha procesos de recuperación de los aprendizajes perdidos y de las capacidades del Estado para evaluar la calidad educativa. Entre otras razones, por eso México debe mantenerse en el proyecto internacional de evaluación del aprendizaje ocde-pisa.

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5. Realizar una evaluación diagnóstica censal para identificar los problemas más graves, así como las escuelas y zonas con mayores pérdidas en su aprendizaje. Estos resultados deben ser entregados de inmediato a cada escuela para que los docentes puedan planearla recuperación.